Ramas del derecho

La organización judicial en España

29/02/2016
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Como en cualquier otra ciudad, los abogados de Alicante capital tienen que conocer al dedillo la organización judicial en nuestro país. ¿Y tú? ¿Sabes cómo se organiza el poder judicial? A efectos judiciales, el Estado se organiza en municipios, partidos, provincias y Comunidades Autónomas. En cada uno de estos territorios operan los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, los de lo Penal, lo Contencioso-Administrativo, lo Social, los de Vigilancia Penitenciaria y de Menores, las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia. A nivel nacional, ejercen sus competencias la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Por su parte, el cometido del Tribunal Constitucional es garantizar el respeto a los derechos y libertades contenidos en la Constitución.

Para que te hagas una idea, en la sala de lo social se incluiría la actividad de los despachos de abogados de divorcios de Alicante. Mientras que el municipio, la provincia y la Comunidad Autónoma coinciden territorialmente con las unidades administrativas con el mismo nombre, los partidos judiciales pueden estar conformados por varios municipios limítrofes de la misma provincia. El Tribunal Supremo, con sede en Madrid, es el órgano judicial superior jerárquicamente al resto de juzgados y tribunales. Se compone de 5 salas: civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar. Ante él se interponen recursos de casación contra las decisiones adoptadas en las instancias inferiores.

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En la Audiencia Nacional tenemos las mismas salas excepto la de lo civil y lo militar. Dentro de su organigrama tenemos los Juzgados Centrales de Instrucción, que asumen la instrucción de las causas que debe enjuiciar posteriormente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por su parte, los Tribunales Superiores de Justicia son los órganos judiciales de mayor rango jerárquico dentro de las Comunidades Autónomas. Dentro de los TSJA tenemos: juzgados de lo Penal, de lo Contencioso Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores.

En cualquier despacho de abogados de herencias en Alicante te recordarán que los juzgados de Primera Instancia tramitan en el orden civil. Por su parte, los Juzgados de Instrucción se mueven en el orden penal. Ahí es donde se tramita el procedimiento de Habeas Corpus del que te hablábamos en una entrada anterior de También Tienes Derecho. En los municipios donde no haya Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, ejercerán sus funciones jurisdiccionales los Juzgados de Paz. Se encargan, en el orden civil, de algunos procedimientos menores o de pequeña cuantía. Además, cumplen funciones de Registro Civil. Los Jueces de Paz ejercen como tales por un período de 4 años y no es necesario que sean licenciados en Derecho. En otro post nos ocuparemos de explicar cómo se nombran y a quién corresponde esta tarea.

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Decíamos antes que el Tribunal Constitucional vela por el respeto de los derechos y libertades fundamentales contenidos en la Constitución. El ciudadano puede presentar un recurso de amparo cuando haya agotado el sistema de recursos previsto por la legislación. Puede interponerlo cualquier persona, natural o jurídica, el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal. Como te puedes imaginar, es obligatoria la intervención de un letrado como los de un bufete de abogados en Alicante capital y un procurador. Ante el TC se puede presentan un recurso de inconstitucionalidad, una cuestión de inconstitucionalidad o un conflicto de competencia. El primero se interpone contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley; la cuestión de inconstitucionalidad contra normas con rango de ley y el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades fundamentales. Por su parte, los conflictos de competencia son los que pueden surgir entre el Estado y las Comunidades Autónomas o entre estas mismas. También se incluyen los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado: Congreso, Senado, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial. El TC también es el encargado de declarar o no la constitucionalidad de los Tratados Internacionales.

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