Derecho Penal

¿Qué implica una orden de alejamiento?

01/02/2016
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Siempre que nos enfrentamos a noticias sobre violencia de género nos hacemos muchas preguntas. Entre ellas, si existía orden de alejamiento y, de ser así, por qué se quebrantó. En las siguientes líneas explicamos de qué se trata y cómo se solicita.

Hablamos de una resolución judicial básica en casos de violencia, sea machista o de otra índole. Esta resolución judicial consagra el “estatuto de protección integral” de las víctimas de violencia doméstica. Entre otras medidas de asistencia social, la orden de protección supone la adopción de medidas cautelares tanto penales como civiles contra el agresor. En la ley 27/2003, de 31 de julio, que regula la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, vienen recogidas todas las instancias donde se puede solicitan esta medida de protección. Sea en el Juzgado de Instrucción o en otro sitio, es requisito fundamental que existan indicios fundados de la comisión de delitos o faltas relacionados con la violencia contra las mujeres. En otras palabras, tiene que darse una situación objetiva de riesgo para la víctima. La orden de alejamiento es una pena privativa de derechos que impone una restricción a la libertad de circulación del agresor para proteger a la víctima. Los delitos de los que se la protege son: homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico.

 

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Desde el juzgado, la orden de alejamiento se remite a los Puntos de Coordinación de las Comunidades Autónomas. En estos casos de violencia machista en los que existe una condena contra el maltratador, hay más medidas penales que se pueden adoptar. Las hay también de tipo civil como la atribución del uso y disfrute de la vivienda a la víctima. Estas resoluciones judiciales pueden afectar también al régimen de custodia, visitas y comunicación con los hijos menores de edad.

Es importante tener en cuenta que la orden de protección no tiene que ser solicitada por la víctima necesariamente. También puede tramitarla cualquier persona que tenga con ella alguna de las relaciones contempladas en el artículo 173 del Código Penal, el Ministerio Fiscal o el juez de oficio. En cambio, las medidas civiles que comentábamos antes han de ser solicitadas por la víctima, por su representante legal o por el fiscal. Son varias las instancias donde se pueden solicitar las órdenes de protección. Además de ante el juez, la solicitud puede hacerse ante el fiscal, ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ante las Oficinas de Atención a las víctimas, ante los servicios sociales o ante los Servicios de orientación Jurídica de los Colegios de Abogados. Toda esta información la podemos encontrar en la página del Observatorio Estatal de Violencia Sobre la Mujer.

 

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Aunque sea la víctima la que consienta voluntariamente el acercamiento de su agresor, se considerará delito de quebrantamiento de la medida cautelar de alejamiento. Según la doctrina del Tribunal Supremo, “el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del artículo 468 del Código Penal”. Desde También Tienes Derecho queremos recordar que el número de atención a las víctimas es el 016, gratuito y que no deja rastro en la factura telefónica. Conviene recordarlo no sólo cuando nos azoten las noticias sobre violencia de género, sino en todo momento.

 

 

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